Tres empresas y ocho personas fueron vinculadas a proceso por homicidio culposo. La familia de Berenice Giles ya se desvinculó del proceso penal tras alcanzar un acuerdo reparatorio. Durante las audiencias también se conoció el cobro de un seguro por alrededor de 100 millones de pesos.
A 18 meses de los hechos ocurridos durante el festival AXE Ceremonia, el caso judicial continúa avanzando. Durante la madrugada de este 20 de octubre, un juez de control vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por el delito de homicidio culposo, relacionado con la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas.
La resolución se suma a la vinculación a proceso dictada previamente contra una funcionaria relacionada con el Programa de Protección Civil del festival. En total, 11 personas físicas y morales han quedado sujetas a proceso en distintas resoluciones.
Entre las empresas señaladas se encuentran La Agencia de los Socios —Grupo ECO—, Obra Negra y Operadora Eclectic, antigua administradora del Parque Bicentenario. La investigación plantea posibles omisiones relacionadas con la instalación, supervisión y autorización de la estructura que se desplomó durante el festival. Las personas vinculadas enfrentarán el proceso en libertad y el juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
La familia de Berenice ya no forma parte del proceso
Es importante precisar que la familia de Berenice Giles ya se desvinculó del proceso penal. En mayo de 2026, sus familiares alcanzaron un acuerdo reparatorio con las personas y empresas imputadas, con excepción de Operadora Eclectic. A partir de ese acuerdo, la familia dejó de participar en el procedimiento penal que continúa actualmente.
Por ello, las nuevas vinculaciones a proceso corresponden fundamentalmente a la investigación relacionada con la muerte de Miguel Ángel Rojas. Operadora Eclectic permanece señalada por responsabilidades relacionadas con ambos fallecimientos. Esta diferencia es importante para evitar presentar a ambas familias como parte de un mismo proceso que actualmente tiene rutas jurídicas distintas.
Un seguro de alrededor de 100 millones de pesos
Durante las audiencias de octubre apareció además un elemento que abrió nuevas preguntas: un seguro relacionado con el festival y el siniestro. De acuerdo con los documentos presentados durante la audiencia, Grupo ECO habría cobrado alrededor de 100 millones de pesos correspondientes a una póliza. La documentación señala que el seguro contemplaba recursos relacionados con la atención de los daños derivados del incidente, incluyendo conceptos vinculados con la reparación y gastos legales.
La representación de la familia de Miguel Ángel Rojas señaló que desconocía que el seguro hubiera sido cobrado. El dato resulta relevante no sólo por el monto, sino por la pregunta sobre cómo se administraron esos recursos, quién los recibió y qué parte corresponde a la reparación del daño. Estos elementos tendrán que esclarecerse dentro del proceso.
El trabajo periodístico también está en discusión
Más allá del expediente penal, el caso volvió a colocar sobre la mesa una discusión que suele quedar fuera cuando se habla de seguridad en los festivales: las condiciones laborales de periodistas y fotógrafos que realizan estas coberturas.
En el periodismo musical y cultural es frecuente que las coberturas se desarrollen bajo esquemas precarios: colaboraciones sin contrato, trabajos freelance sin prestaciones, pagos insuficientes o inexistentes, acreditaciones como única forma de compensación y ausencia de seguros para quienes realizan el trabajo.
La acreditación de prensa no sustituye una relación laboral ni resuelve quién debe responder por la seguridad de una persona que está trabajando.
Tampoco debería asumirse que quien entra a un festival con una cámara está ahí únicamente como público. Una persona acreditada para cubrir un evento está realizando una actividad profesional, y las condiciones bajo las cuales la realiza deberían ser claras antes, durante y después de la cobertura.
El caso Ceremonia obliga a revisar esa cadena de responsabilidades: qué corresponde al festival y a sus empresas organizadoras, qué deben garantizar los medios que envían a sus colaboradores y qué derechos tienen quienes trabajan por cuenta propia o bajo esquemas freelance.
También abre una discusión sobre la normalización de prácticas que durante años han presentado como “oportunidad” lo que en realidad puede ser trabajo no remunerado: asistir a un festival a cambio de acceso, entregar fotografías o contenidos sin pago, cubrir jornadas extensas sin protección y asumir individualmente los riesgos de una actividad profesional.
Una investigación que continúa
La vinculación a proceso no constituye una sentencia ni determina la culpabilidad de las personas y empresas señaladas. Marca el inicio de una nueva etapa en la que deberán incorporarse y desahogarse pruebas durante la investigación complementaria.
En esta etapa, el expediente mantiene abiertas varias preguntas: cuáles fueron las responsabilidades concretas de cada persona y empresa involucrada; qué ocurrió con el seguro contratado para el evento y los recursos derivados de éste; y qué medidas pueden evitar que las condiciones de seguridad de quienes trabajan en festivales queden subordinadas a las condiciones de acceso al evento.
El caso dejó una discusión más amplia para la industria musical y para los medios: quién garantiza la seguridad y los derechos laborales de las personas que hacen posible que los festivales también sean documentados y contados, sobre todo cuando se normaliza después del incidente el condicionamiento de la cobertura a la firma de cartas de liberación de responsabilidad.
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