El 8 de octubre me senté en una mesa de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, en la conversa Periodismo de rock y género, parte del Foro Internacional de Periodismo de Rock por los 30 años de Rock al Parque. Había viajado con una idea fija: encontrar a quienes tuvieran algo que decir sobre la ley Súbeles a Ellas. Desde 2022 realizo el Estudio de Brecha de Género en Festivales Mexicanos, que empezó con un propósito concreto: darles datos claros a quienes pudieran trabajar en una ley en México. Terminé involucrada en esa iniciativa, la Ley Amparo Ochoa. Hoy está en pausa por malas prácticas al interior de la Colectiva Fortissimas, pero no ha salido de mi cabeza.
Antes del viaje intenté conseguir un fixer local y no lo logré, en el territorio se resolvió algo vía mensajes de Instagram. Lo que sí pasó fue que las diosas del periodismo me pusieron en la misma conversa y en la mesa con la moderadora, con el privilegio de hablar de la Ley Teresita Gómez, de políticas públicas y de las razones por las que esta no responde a las necesidades de las mujeres a quienes dice beneficiar. La moderadora era Daniela Cura, gestora cultural, curadora de festivales e investigadora musical, con quien platiqué extensamente, pero por tiempos no lográbamos concretar entrevista. La suerte de periodista hizo de las suyas en el aeropuerto El Dorado, a unas horas de mi partida de Bogotá.
Tres fuentes, tres momentos
Conviene aclarar de dónde sale cada cosa, porque no son del mismo tiempo ni del mismo tipo.
La entrevista. Cura me concedió una entrevista sobre la ley ya aprobada. Sus citas textuales en las secciones sobre la ley y sobre lo que ya se hacía vienen de ahí.
La carta. Cura también me compartió una carta de comentarios que escribió a un programador de festivales durante los debates legislativos, cuando Súbeles a Ellas era todavía un proyecto. Es un documento anterior, sobre un texto que pudo cambiar. Lo que cito de ahí lo señalo siempre como “la carta”.
En otro instante afortunado, Chucky García (quien fue programador de Rock al Parque y gestionó el foro) me contó cómo el festival abordó la representación antes de la ley. Lo que cuento de él viene de esa conversación y lo narro en paráfrasis.
La entrevista: una ley aprobada, sin ruta
Súbeles a Ellas se concibió como complemento de la ley de música. Busca aumentar la participación femenina en los festivales financiados con recursos públicos. Cura no discute el propósito: es una causa por la que trabaja desde hace más de quince años. “Eso en teoría suena muy bien y es algo por lo que personas como yo llevamos más de 15 años trabajando”, dijo en la entrevista.
Su objeción es al diseño. “Me parece una ley muy superficial, que dice qué hay que tener y no cómo garantizar que sí haya una buena cobertura”, afirmó. Y lo ilustró: “Un punto violeta, check, hagamos el punto violeta, check, hagamos las cuotas, pero no de qué manera”.
Durante los debates legislativos, contó, ella y otras personas hicieron comentarios; algunos se tuvieron en cuenta y otros no. Hoy, con la ley aprobada, señaló que no hay una ruta clara de implementación ni se sabe cómo afectará a las mujeres en la música y a quienes programan festivales. Sin esa ruta, teme que la ley “en la práctica no tenga ningún efecto”.
Su crítica número uno es que la norma desconoce la realidad de los festivales colombianos. Se basa, dijo, en leyes como la de Chile y la de Argentina, “países abismalmente distintos a Colombia a nivel cultural y a nivel de política pública cultural”. “Colombia es un país de festivales, con una gran diversidad, muchos manejados con recursos públicos, y tenemos un panorama muy único”.
La carta: las preguntas al proyecto
En la carta, Cura baja esa crítica a casos concretos. Escribió sobre el proyecto tal como lo conoció, y no sobre la ley en su versión final, que puede diferir.
Según la carta, el texto no definía qué es un “festival de música”, así que podían entrar en la misma categoría el Carnaval de Barranquilla, Rock al Parque, el Festival de la Leyenda Vallenata y el Pirarucú de Oro. Tampoco fijaba un umbral de financiación pública, por lo que cualquier apoyo, por pequeño que fuera, activaba las obligaciones. Y exigía el 40% de participación femenina por cada día de festival. Ella preguntaba cómo se aplicaría eso en eventos de un solo artista por jornada, o en festivales donde las agrupaciones llegan por convocatoria y las elige un jurado independiente, como los Al Parque, el Mono Núñez o el Petronio Álvarez. “¿Qué ocurre si no se inscriben suficientes agrupaciones con participación femenina, algo que sucede con frecuencia?”, planteaba.
El caso del vallenato, también de la carta, muestra el riesgo de una cuota sin contexto. En un género donde las mujeres han sido históricamente subrepresentadas e incluso excluidas, Cura se preguntaba si los recursos públicos quedarían en riesgo “por no alcanzar un porcentaje que responde más a una deuda histórica de la tradición vallenata que a una falta de voluntad actual”. Recordaba que el Festival de la Leyenda Vallenata ya había abierto categorías femeninas y mixtas.
Sobre los Puntos Violeta, la carta advertía que volverlos obligatorios podía desviar fondos de la programación en festivales con poca infraestructura, como los que se realizan en iglesias o teatros pequeños. Proponía incentivarlos en lugar de imponerlos. También pedía que la ley exigiera equipos capacitados en enfoque de género, sobre todo en curaduría y programación, una idea que atribuye a la musicóloga Alejandra Quintana, y lamentaba que no se hubiera incluido en la socialización a quienes programan festivales.
Lo que ya se hacía sin que una ley lo exigiera
En la entrevista, Cura sostuvo que Súbeles a Ellas parte de un terreno que ya existía. “Desde antes de que se empezara a vislumbrar esta ley, hay muchos programadores y programadoras de festivales que sí tienen en cuenta el enfoque de género”, dijo. Mencionó que festivales públicos como los Al Parque han tenido acciones afirmativas, entre ellas la cifra de participación femenina en las ediciones 2022 de Rock al Parque y Jazz al Parque, y la Big Band Femenina de Bogotá. Esas acciones, afirmó, ya son “afirmaciones orgánicas”, y por eso hay terreno para la ley. Pero debe hacerse “junto con las personas que han trabajado en esto, que son expertas en esto y que ya han participado de estos cambios”. Y sentenció: “Eso fue algo que desafortunadamente con la ley Súbeles a Ellas no se ha logrado del todo”.
En la carta dio las cifras que en la entrevista no precisó: bajo su curaduría, Jazz al Parque 2022 alcanzó la participación femenina más alta de su historia, y Rock al Parque ese mismo año contó con un 60% de mujeres. En la carta además defendía que lo había logrado “por convicción”, sin que una ley se lo exigiera.
Desde el festival, Chucky García, programador y curador artístico de Rock al Parque, me contó que antes de la ley ya habían buscado otras maneras de aumentar la representación. Durante tres años crearon escenarios con 100% de representación femenina y, poco a poco, esas propuestas se integraron a la programación general. Este año hubo 26 actos con representación femenina, 21 de ellos con mujeres al frente, el 32% de los actos anunciados en el cartel.
Ahí aparece un problema que ninguna cuota resuelve, que lo noté al preparar mi trabajo durante el festival: la mayoría de esos actos tocaba al mismo tiempo. Para quienes hacemos cobertura, eso limitó la posibilidad de un seguimiento con perspectiva de género. Se puede cumplir con un porcentaje y aun así repartir a las mujeres en horarios que se empalman, de modo que quien asiste y/o cubre el festival tenga que elegir entre unas y otras. Es la diferencia entre estar en el cartel y ser vista, escuchada y contada. Es también una pregunta que la ley, tal como la describe Cura, no atiende: medir cuántas suben al escenario no dice nada sobre cuándo, en qué condiciones lo hacen y, lo más importante, si se estableció un diálogo con las personas para lograr una ley.
Por lo que me comentaron, no se les escuchó, vió o permitió hablar. Ahora tiene mucho sentido que la estatua de La Rockera, que se instaló en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el 9 de octubre de 2026, tenga precisamente esas características, tan comentadas y desentrañadas con perspectiva de género desde grupos y medios feministas colombianos.
Otras leyes de cupo: tres modelos, tres alcances
Esta parte es de mi propia investigación y no de Cura ni de García. Las tres leyes que revisé no se parecen tanto entre sí.
La Ley Mercedes Sosa, en Argentina, es la más conocida. Es la Ley 27.539, sancionada el 20 de noviembre de 2019 y promulgada el 18 de diciembre (que propició que interviniera mi primer cartel de Vive Latino e impulsó el estudio una vez que regresamos a la "normalidad" después de la pandemia por COVID). Desde diez artistas programados exige que el 30% de la programación sean mujeres, y obliga a las artistas a estar registradas en el Registro Único de Músicos Nacionales. Su alcance es general, porque cubre eventos de música en vivo con un mínimo de tres artistas, sin distinguir entre un festival público y uno privado.
En Uruguay, el Senado aprobó el 12 de agosto de 2026, solo con votos del Frente Amplio, el proyecto que exige un mínimo de 30% de mujeres y disidencias en espectáculos con financiamiento del Estado. El proyecto original proponía 50%, pero el porcentaje bajó durante el debate en comisión. Quien incumpla recibiría una multa equivalente al 6% de la recaudación bruta del evento y quedaría inhabilitado un año para recibir fondos públicos. El proyecto cita una participación de mujeres y disidencias inferior al 8% en festivales con financiación pública. La iniciativa entró por primera vez en 2021, pero su propulsora fue la sociedad civil, agrupada en el colectivo Mydmus. Esa es una diferencia de fondo con la ley colombiana: la sociedad civil organizada sostuvo el proyecto durante cinco años.
En Chile, el proyecto (boletín 15649) modifica la Ley 19.928 de fomento de la música chilena. La iniciativa se aplica a conciertos y eventos masivos de más de seiscientas personas, y excluye festivales y celebraciones municipales. Fue presentada en enero de 2023, la Cámara la aprobó en octubre de ese año y permanece en la Comisión de Cultura del Senado. Así, el único de los tres que sigue sin ser ley es también el que deja fuera a los festivales, que son el eje de la ley colombiana.
La comparación sugiere algo que Cura ya apuntaba: copiar el porcentaje es fácil, pero lo que decide si una ley funciona son las preguntas que Colombia dejó abiertas. ¿A qué eventos se aplica? ¿Desde qué monto de financiación pública? ¿Quién fiscaliza y con qué recursos? ¿Qué pasa con los festivales por convocatoria y los que ya han realizado acciones antes de la Ley? Y, desde lo que cuenta García, ¿cómo se programa para que la presencia se vea?
La cuota como techo y como trámite
Una frase de la carta de Cura resume el temor de fondo: “Las mujeres no somos una cifra para cumplir, ni una moneda de cambio en políticas desalineadas con las realidades del campo cultural”. Una cuota sin análisis del contexto puede dejar de ser una herramienta para convertirse en un trámite que se cumple por el número y no por la trayectoria de las artistas, las curadoras o las productoras.
A eso se suma algo que también discutimos en México: estas leyes miden quién sube al escenario y casi nunca quién decide, quién programa y quién produce. Sin equipos formados en enfoque de género, como pedía la carta, el cartel cambia mientras la estructura sigue igual.
Lo que piden activistas locales
En la entrevista, su cierre no fue una condena. Daniela Cura pidió espacios de diálogo y retroalimentación para decidir cómo implementar la ley “de una manera que nos beneficie realmente a todas, que realmente cumpla su objetivo”. Y marcó el límite que más le importa: que no sea “solamente algo para llenar una casilla, para llenar un pendiente y para réditos políticos”, sino algo que cambie el ecosistema musical.
En la carta, lo dijo con una metáfora de estudio: está dispuesta a “subirles a ellas” el volumen que históricamente se ha mantenido bajo, pero con criterio, “logrando buena mezcla y ecualización”, porque si se sube sin cuidado, “lo que debería ser armónico puede convertirse en distorsión y ruido innecesario”.
Lo notamos con la propuesta que se presentó en abril de 2024 en México, una ley de cupo que partía de los datos recopilados para sustentar la Ley Mercedes Sosa, donde se evidenció que existía un 15% de representación femenina en festivales argentinos, duplicando la presencia con una ley que garantizaba un 30%, este dato fue utilizado por el senador Arturo Bours Griffith para expedir la Ley de Cuota de Género en el Ámbito Musical, sin tomar en cuenta los estudios locales y copiando en gran medida los términos de la ley expedida en Argentina. La propuesta sigue en revisión.
Ahí es donde notamos las diferencias entre presencia a través de cuotas y la representación, llevar números o contemplar derechos laborales, culturales y las narrativas que llegan a los escenarios. En un país que ya cuenta con una presencia de 25% (confirmado con los datos del Estudio de Brecha de Género de SonoridadMX), no representa un gran avance solicitar 30%, incluso si se propone un aumento progresivo hasta 33%, que por supuesto no suma a las leyes de igualdad sustantiva que rigen a nuestro país, donde se establece un piso de 40% y trabajo progresivo hasta llegar a la paridad (50/50).
Volví de Bogotá con esa imagen. Mientras la Ley Amparo Ochoa espera, la discusión colombiana deja una pregunta incómoda para cualquier país que legisle sobre las mujeres en la música: ¿las estamos sentando a la mesa donde se escribe la norma, o solo les estamos fijando un porcentaje? Desde mi experiencia en la Colectiva Fortissimas, las iniciativas que no dialogan con las músicas, foros, festivales y plataformas tienden a quedar en eso, buenas ideas que no se concretan y se pueden abandonar fácilmente.
Habrá que poner atención a lo que sigue, la manera en que inciden en esas leyes las artistas locales, un estudio de representación en festivales centroamericanos propuesto por MIM Latinoamérica, los cambios que realiza Book More Women en sus propias propuestas desde Estados Unidos y lo que sucederá en SonoridadMX en el 2027: poner el foco en los festivales existentes con representación femenina 100% y la necesidad de fortalecerlos como respuesta curatorial a la ausencia.
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